Emma Reverter, Periodista y Licenciada en Derecho.
El pasado sábado 13 de enero entró en vigor la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, más conocida como «la Ley del Menor». Entre muchas de las novedades que contiene, especialmente las relativas a la elevación de la edad penal y a las medidas judiciales de diversa índole encaminadas prioritariamente a la reinserción e interés del menor, se recoge un nuevo panorama de medios organizativos al servicio del enjuiciamiento de los menores.
El objetivo principal de la nueva Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, es la adopción de medidas preventivas orientadas hacia la reinserción y el interés del menor. La Ley del Menor se tramitó en el marco de la reforma del Código Penal, con el objetivo de dotar al Estado de instrumentos legales para la lucha contra el terrorismo y ante la creciente participación de menores en esta categoría de delitos.
Con esta intención, se establece una edad mínima de 14 años para exigir la responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian dos tramos, de 14 a 16 años y de 16 a 18 años, por presentar ambos características diferentes. Como novedad se utiliza la denominación de «jóvenes» para los mayores de 18 años y menores de 21, comprendidos en el artículo 69 del Código Penal.
Se articulan nuevos medios al servicio del enjuiciamiento de menores, lo cual conlleva la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Demarcación y Planta Judicial. La competencia para conocer de los delitos de terrorismo cometidos por menores corresponderá al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, con sede en Madrid. Además, en cada provincia habrá uno o más Juzgados de Menores.
La nueva normativa da especial relevancia a la reparación del daño y a la conciliación con la víctima que presentan un denominador común en el sentido de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico. Se prevén otra serie de medidas socio-educativas, como son: la amonestación, en la que el Juez manifiesta al menor las razones que hacen socialmente intolerables los hechos cometidos y le formula recomendaciones para el futuro; las prestaciones en beneficio de la Comunidad; el internamiento para los casos de mayor peligrosidad; la asistencia a un centro de día; la libertad vigilada, o la permanencia de fin de semana.
Entidades y Asociaciones del ámbito jurídico, comunidades autónomas que tiene atribuidas competencias judiciales y diversas organizaciones han criticado que la nueva Ley será inaplicable por falta de medios humanos y materiales. Al efecto, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 3/1981, remitió el pasado diciembre una recomendación al Gobierno para que acordara una moratoria en la entrada en vigor de la norma.
Sin embargo, el Ejecutivo considera cumplidos todos los objetivos que permitirán la correcta aplicación de la norma. A lo largo del año 2000, ha invertido más de 4.000, millones de pesetas creando 165 plazas de fiscales y 31 Juzgados de Menores, que se añaden a los 38 ya existentes.
Asimismo, a lo largo del año 2000 el Gobierno ha impulsado la reforma de cuatro leyes: la ley orgánica del Poder Judicial, la de la ley de Demarcación y Planta Judicial, la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la ley de medidas de antiterroristas, que introducía modificaciones en el Código Penal y en la propia Ley del Menor.
En cuanto a la creación de nuevos órganos judiciales, el pasado 24 de noviembre el Consejo de Ministros autorizó la creación y constitución de 31 Juzgados de Menores, que con los 38 ya existentes, elevan la planta a un total de 69 órganos judiciales. De los 31 nuevos juzgados creados, con una inversión global de 1.042 millones de pesetas, 13 corresponden a las comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas (Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias) y 18 al ámbito del Ministerio de Justicia, con un coste estos últimos de 830 millones de pesetas.
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