Lilian Issa. Departamento Jurídico Derecho.com.
En el Congreso de los Diputados se han estado buscando fórmulas para luchar contra un fenómeno que se ha venido produciendo desde hace varios años: la piratería.
La piratería se ha convertido en algo normal en nuestra sociedad, llegando incluso a ser considerada como la mejor opción para poder acceder a obras musicales, cinematográficas e incluso literarias, que de otra manera resulta difícil adquirir, dado el elevado coste de las mismas.
Con la aparición de Internet y los programas que nos permiten compartir y descargar todo tipo de archivos, ya sean de texto o de audio, así como en cualquier tipo de formato como el WAV, el MP3 o el conocido DIVX, un gran número de personas, acuden a este tipo de programas, más conocidos como redes P2P, para «bajarse» todo aquello que les interesa.
El principal problema de estas prácticas tan habituales en Internet afecta a los autores de estas obras, que ven como el ingreso de beneficios es menor que años en los que Internet estaba sólo al acceso de privilegiados. La respuesta que dan las personas que son asiduas al «top manta» o que se descargan todo tipo de obras a través de las redes P2P es que todo el mundo tiene derecho a acceder a la cultura sin necesidad de pagar cifras tan elevadas por ello, entendiendo que, sino gratis, sí debería poder acceder cualquier persona sea cual sea su situación económica. Por este motivo, si pueden adquirir obras de autores a un precio más bajo, pudiendo mediar entre la obra original y la copia de 10 a 15 ?, con una calidad media-alta, estas personas prefieren acudir a la piratería.
Dado que no se ponía solución al problema de la piratería, la SGAE decidió incrementar el canon de los cd’s y dvd’s vírgenes con la finalidad de recuperar beneficios de alguna manera. Pero esta solución no funcionó en la práctica, a pesar de que la SGAE ha conseguido que la recaudación sobre los consumidores y usuarios de los soportes digitales vírgenes haya tenido un incremento considerable desde septiembre de 2003 a marzo de 2004.
Por estos motivos, a falta de normativa específica que regule la piratería, a pesar de recogerse esta práctica en el Código Penal como un delito contra el derecho de la propiedad intelectual, se ha elaborado un «plan antipiratería» con la finalidad de prevenir en mayor medida este fenómeno y, de alguna manera, defender los derechos de autor con los que están protegidas todas y cada una de las obras.
En el Congreso de los Diputados se ha considerado que el plan antipiratería debe buscar la defensa de los autores más afectados por este fenómeno, que son «los autores noveles por un lado y aquellos que optan por la creación en euskera, catalán o gallego».
La titular del Departamento de Cultura, la Ministra Doña Carmen Calvo, establece que el plan antipiratería tendrá como objetivo la piratería física y digital, en dos principales vías: la defensa de la creación musical y la defensa de la creación audiovisual. Éste va a ser un plan de gran envergadura ya que la Ministra ha confirmado que va a afectar a once ministerios del Gobierno.
Las medidas que prevé este plan antipiratería son básicamente cinco. Una de las más significativas es la creación de la Comisión Interadministrativa, que estará formada por todos los representantes de las administraciones públicas, así como por organizaciones privadas defensoras del derecho de la propiedad intelectual. Además, en esta Comisión participarán las asociaciones de consumidores y usuarios para poder llegar a acuerdos con las entidades que gestionan estos derechos y los defensores de los intereses de los consumidores.
La segunda medida es llevar a cabo acciones preventivas para poder determinar el porqué de esta práctica, el perfil de esta clase de usuarios, así como si este tipo de acciones tiene relación con otros delitos.
Se prevé una revisión de las formas de actuación de fuerzas de las seguridad, jueces y tribunales para paliar los efectos de la piratería y poder luchar de manera más efectiva contra la misma. Para poder llevar a cabo esta medida que se prevé que sea aprobada junto al plan en cuestión, se requerirá algún tipo de modificación en el ordenamiento jurídico español.
La última de las medidas recogidas en el plan es impartir cursos a los miembros del cuerpo de las fuerzas de seguridad, así como a jueces y magistrados sobre un plan tan esperado por los autores y que está a punto de ver la luz.
A pesar de tratarse de un plan que va a beneficiar a los autores de creaciones musicales o audiovisuales, debe tenerse en cuenta que los consumidores más jóvenes son los principales usuarios de Internet, los de economía más escasa y uno de los grupos más interesantes de consumo cultural en el futuro. Por este motivo, el plan antipiratería debe tener en cuenta la realidad social y tratar de conciliar los intereses de unos (los autores) y de otros (los más jóvenes).
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