El Gobierno podrá impedir el acceso desde España a contenidos internacionales cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente. La nueva ley también fija la obligatoriedad de la factura electrónica en los contratos con la Administración General del Estado. ‘Se crearán’, dijo, ‘oficinas de carácter gratuito para asesorar a empresas pequeñas que no tengan incorporado a sus hábitos el uso de las nuevas tecnologías’.
La nueva normativa tipificará como ‘infracción administrativa’ el incumplimiento por parte de los operadores de los derechos de los usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones y que obligará a las empresas de sectores clave a ‘facilitar un medio de interlocución telemática a sus usuarios’. Además, se obligará a los proveedores de servicios a informar sobre medios técnicos que permiten la protección contra virus, ‘para generar confianza en la red entre los ciudadanos y empresas’.
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