Los obstáculos a la creación de empresas

Autora: Laura Díaz. Abogada Derecho.com.

El Instituto de Estudios Económicos ha emitido recientemente un informe según el cual España es junto a Portugal el país de la Unión Europea en el que más trabas burocráticas existen en el momento de crear una empresa.

Con motivo de eliminar estos obstáculos que impiden o ralentizan la creación de empresas, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.

Un factor indispensable para la efectividad de la democracia es la transparencia, calidad y eficiencia en la gestión de los servicios y políticas públicas. Esta nueva institución impulsará un sistema público de evaluación que servirá para conocer mejor los efectos y resultados de las políticas y programas públicos, así como para mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Además, ayudará a racionalizar el gasto público, optimizando los recursos y una utilización más eficiente de los mismos.

El Consejo de Ministros aprobará anualmente los programas y políticas públicas correspondientes a la Administración General del Estado y la función de la Agencia de Evaluación será examinarlos.

Con esta evaluación de la intervención pública lo que se pretende es obtener información sobre la coherencia entre los resultados esperados, los objetivos perseguidos y los medios humanos, económicos y jurídicos asignados a esta intervención, así como también sobre la eficacia de la intervención y en qué medida los objetivos han sido alcanzados y resuelven el problema al menor coste.

Además de esto, la Agencia de Evaluación emitirá otro informe centrado en los efectos de las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social y la eficacia de las políticas activas de empleo en relación al presupuesto. El interés principal es fomentar la creación y el mantenimiento del empleo a través del ahorro de los costes empresariales. Asimismo, podrá evaluar políticas y programas tramitados por las Comunidades Autónomas a través de convenios de colaboración voluntarios.

Sin embargo, esta nueva Agencia no sustituye la capacidad de decisión de los gestores públicos sino que únicamente suministra valoraciones técnicas independientes argumentadas en base a un principio de independencia de criterio, dictamen y juicio. Estas recomendaciones no vinculan a los organismos públicos, pero les da una referencia para que decidan en las mejores condiciones. Por tanto, la Agencia debería contar con la autonomía y capacidad institucional suficiente y estaría adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas, sin perjuicio de que se fomente la incorporación de instituciones autonómicas y locales y se considere la participación del Ministerio de Economía y Hacienda en la misma.

La evaluación de las políticas públicas no es una función completamente nueva para el Gobierno ya que los poderes públicos siempre han intentado controlar su propia actividad de una u otra manera. El parlamento ha controlado al ejecutivo, los ministros han controlado a sus departamentos y los resultados de sus programas y el Ministerio de Hacienda ha controlado a los ministerios de gasto. La novedad radica en las características de esta nueva manera de evaluar la actividad de los servicios públicos. Por un lado, su objetivo y su alcance van más allá del control financiero o de legalidad para alcanzar la valoración de los efectos de los programas y políticas diseñados para solucionar los problemas existentes. Además, se configura como una herramienta esencial para la transparencia del gobierno y para la profundización de la democracia.

La Agencia de Evaluación se muestra abierta a la participación y cooperación con las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales que estén interesadas en participar en el Consejo rector de la Agencia. Este Consejo estará formado por dos representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, dos de Administraciones Públicas, uno de Presidencia del Gobierno, otro de Exteriores, un sindicalista y tres profesionales independientes de reconocido prestigio. A este tenor, se considera la necesidad de establecer una vinculación con el Parlamento, a través de mecanismos como la rendición de cuentas o informes, la presencia de una representación parlamentaria en el seno del Consejo Institucional de la Agencia, o algún mecanismo de ratificación parlamentaria sobre la designación del presidente de la misma.
La creación de este organismo cuenta con 4,9 millones de presupuesto que en gran medida serán financiados con créditos del Ministerio de Administraciones Públicas y que están incluidos en los presupuestos aprobados por el Gobierno para el año 2007.

Esta nueva Agencia Estatal de Evaluación ha empezado a funcionar el 1 de enero de este año y Juan Antonio Garde tomó posesión de su cargo como presidente el pasado lunes 22 de enero. La Agencia tiene su sede en Madrid y cuenta con 42 funcionarios de distintas disciplinas, que pasarán a ser 70 aproximadamente para finales de este año. El primer trabajo que ha de presentar para Octubre de 2007 es una evaluación del Programa Nacional de Reformas, un plan para lograr la convergencia con la Unión Europea en 2010, tanto en renta per cápita como en empleo y en sociedad del conocimiento. Como comentábamos anteriormente, también este año la Agencia evaluará los obstáculos para la creación de una empresa. En tercer lugar, se pondrá en marcha un observatorio de la opinión pública sobre la calidad de los servicios de la administración.

Las Agencias Estatales se constituyen como una nueva fórmula organizativa general impulsada por el Gobierno con el objetivo de una gestión pública más acorde con la dimensión actual de la Administración en el siglo XXI, y en línea con los países más avanzados en materia de función pública. De este modo, supone un compromiso del Ejecutivo para la modernización de la Administración.

En definitiva, se trata de crear un organismo que favorezca el desarrollo de la evaluación y el aprendizaje continuo de las Administraciones Públicas preocupadas crecientemente por la racionalización del uso de los recursos económicos y por el impacto de sus decisiones en el bienestar de los ciudadanos.