Autora: Gemma Llonch. Abogada Derecho.com.
Los imparables cambios sociales y demográficos de los últimos años nos conducirán, en un periodo de tiempo no demasiado largo, a una situación definitiva: la continuación de la vida laboral después de los 65 años.
Se ha producido un cambio destacable en la pirámide de edad de la sociedad española, con un porcentaje cada vez menor de niños y un aumento considerable de personas “mayores”.
Esta situación añadida a un retraso en la edad de acceso al primer empleo de los jóvenes hace la situación poco sostenible.
La llegada de inmigrantes y su cotización en la seguridad social puede suponer un alivio en el sistema público de las pensiones, sin embargo esta es sólo una solución temporal. El sistema público de pensiones, tal y como está diseñado ahora, no podrá funcionar por mucho más tiempo. La solución implica un cambio del modelo de Seguridad Social y, posiblemente, por un cambio en nuestra percepción del trabajo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el documento de reforma de las pensiones que el Gobierno presentará a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. El documento ofrece un conjunto de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo.
Entre las principales directrices del documento encontramos:
• Incentivar la prolongación de la vida laboral y frenar el recurso a la jubilación anticipada. Se desplaza paulatinamente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, siguiendo el camino emprendido por otros países europeos.
• Establecer procedimientos de cálculo de la pensión de jubilación (bases, períodos…) que garanticen una mayor correspondencia entre cotización y prestación.
• Estimular el cambio de condiciones y de lugar de trabajo, a fin de evitar la exclusión temprana del mercado laboral por razones adaptativas o de incapacidad.
• Mejorar la calidad de la gestión de las prestaciones de incapacidad para dar una protección mayor a los trabajadores con problemas de salud, y avanzar en el control de la incapacidad temporal y en la recolocación de los trabajadores que incapacitan en su profesión habitual.
• Disminuir los costes burocráticos y de gestión, mediante la integración de diferentes servicios administrativos en una Administración Española de Seguridad Social.
• Mejorar la acción protectora de la viudedad y la orfandad en las situaciones más vulnerables y reorientar la prestación adaptándola a la nueva situación laboral y económica de las mujeres y las familias españolas.
• Incentivar la mejora de la vida laboral y la protección de las mujeres así como la de colectivos en situaciones especiales, a través de la previsión social complementaria y de carreras de cotización más amplias.
• Ampliar la complementariedad de la previsión social.
• Eliminar las desigualdades internas del sistema, a través de la integración de regímenes y colectivos, y la homologación de la acción protectora.
Las medidas contenidas en la propuesta del Gobierno no afectarán a los actuales pensionistas, pero lo harán de forma moderada a los trabajadores más veteranos y afectarán de forma plena a los trabajadores jóvenes. Estas medidas se aplicarán a través de periodos transitorios para garantizar una buena adaptación.
El documento se enviará al Congreso de los Diputados para que los Grupos Parlamentarios elaboren las conclusiones de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, que se convertirán posteriormente en disposiciones legales, previa su negociación con los agentes sociales.
En definitiva la situación actual requiere trabajar más y ahorrar más para lo que venga después.
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