Autora: Sol Rebolledo. Abogada Derecho.com
Aún cuando la UE y el FMI respalden las medidas que desea aplicar el Gobierno para intentar paliar la crisis que nos ocupa, no deja de ser un fenómeno social novedoso el recorte de derechos que se pretende realizar, lo que seguramente hará de estas medidas un plan anti-popular (en los dos sentidos de la palabra).
Tras negar en diversas ocasiones, por parte del Gobierno, la aplicación de medidas de tal calibre al final la realidad ha superado al Ejecutivo. Veamos cuáles son las medidas propuestas para conseguir la reducción de gasto de 5.000 millones de euros en 2011 y un ahorro adicional de 10.000 millones en 2010 (compromiso adquirido por el Gobierno ante la Unión Europea):
1. Reducir las retribuciones de los funcionarios un 5% de media en 2010 y congelarlas en 2011. La rebaja será proporcional a los ingresos, es decir, afectará más a los salarios más altos. Los miembros del Gobierno se verán afectados por una bajada de salario del 15%.
2. Se eliminará la prestación por nacimiento, llamada cheque-bebé, de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
3. Se suspende para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Asimismo, se eliminará el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007, lo que implica mayores dificultades para acceder a una jornada laboral reducida con cargo a la Seguridad Social para las personas que tengan una edad cercana a los 65 años. Habrá que tener más de 61 años, la reducción máxima de la jornada será del 75%, con una antigüedad mínima de seis años en la empresa o un mínimo de 30 años de cotización, entre otras.
4. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales tendrán que realizar un ahorro de 1.200 millones de euros.
5. Reducción entre 2010 y 2011 de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 600 millones de euros, con la intención de dedicar en 2012 el 0,7% del PIB a esta causa. España es uno de los países punteros en este tipo de ayudas.
6. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal.
7. Importante medida sanitaria: se quiere conseguir un consumo de medicamentos vinculado a las necesidades reales del paciente, adecuando el número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, de acuerdo a las indicaciones de la comunidad científica. Se hará posible la dispensación de medicamentos unidosis, mediante el fraccionamiento de los envases. El paciente podrá comprar la cantidad exacta de unidades (comprimidos, cápsulas, etc.) que necesite para el tratamiento indicado por su médico.
8. Se establece un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes de ayudas en base a la Ley de Dependencia. Por ello, dado que se supone que no se darán retrasos, se elimina la retroactividad que tenía esta Ley. Hasta ahora, cuando una persona comenzaba a cobrar una prestación económica, junto a la primera mensualidad se pagaba una cantidad única equivalente al número de meses que hubieran transcurrido desde su solicitud. Los derechos de retroactividad que se hayan generado hasta ahora podrán pagarse en un plazo máximo de cinco años.
Sin descartar las subidas de impuestos, veremos qué pasa con la reforma laboral…
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