Javier Llanos ??lvarez. Abogado de Derecho.com.
El futuro está en la tecnología inalámbrica, la oficina sin cables, la casa sin hilos, y los usuarios moviéndose libremente pero permanentemente conectados. Durante esta primera década del nuevo siglo veremos cosas impresionantes en el sector de la informática y las telecomunicaciones, y justo en el horizonte se encuentran tecnologías inalámbricas aún más increíbles que la wireless fidelity (WiFi), tales como la radio de banda ultra ancha o ultrawideband (UWB) que nos permitirá enviar cantidades ingentes de información utilizando tan poca energía que las baterías durarán muchos años o WiMax capaz de enviar datos a una distancia de 50 kilómetros.
Por ello, las recientes multas impuestas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (en adelante, ?CMT?) a los municipios de Atarfe (en Granada) y Puenteareas (en Pontevedra), por ofrecer conexión a Internet de forma gratuita mediante tecnología inalámbrica WiFi, suponen un duro golpe a las diferentes instituciones públicas que actualmente están ofreciendo o que pretenden ofrecer este servicio a sus ciudadanos.
Las dos sanciones impuestas, que por su importe tienen un valor más bien simbólico, se han utilizado por parte de la CMT para dar un aviso a navegantes que suponga una llamada de atención a las decenas de municipios españoles que están siguiendo el ejemplo de Atarfe y Puenteareas, y que están desplegando redes municipales de acceso a Internet con tecnología WiFi, que posteriormente ofrecen sin coste a los vecinos.
Concretamente, la conducta que la CMT sancionó en ambos casos fue la falta de notificación del despliegue de las redes, un requisito recogido en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y no tanto la prestación de servicios gratuitos. Aunque esta actividad (esto es, dar acceso gratuito a Internet) no está permitida, los dos municipios alegaron que en realidad no estaban todavía en fase comercial, sino de pruebas. Por eso, durante este periodo transicional, se toleró la prestación del servicio de forma gratuita.
De todas formas, en ambas resoluciones sancionadoras, la CMT se preocupa de recordar que en ningún caso se puede entrar en prácticas anticompetitivas, como sería la prestación de servicios gratuitos, que siempre según el criterio de la CMT haría imposible la actividad comercial de las distintas operadoras. La justificación teórica sería la necesidad de asegurar la salud económica de los competidores en un mercado liberalizado, impidiendo que un servicio que tiene costes sea ofrecido sin contraprestación económica.
A este respecto, la CMT vino a dar contestación, en una resolución de 5 de junio de 2003, a una pregunta formulada por el consorcio local Localret sobre el título necesario para el establecimiento y explotación de redes y prestación de servicios de telecomunicaciones, en la que se advertía que la realización de estas actividades de forma gratuita podría producir a priori distorsiones a la libre competencia en el servicio de acceso a Internet y en la explotación de redes públicas de telecomunicaciones.
Asimismo, encontramos el precedente cercano del Ayuntamiento de Barcelona, que recientemente se ha visto obligado a cerrar su red WiFi de acceso gratuito a Internet, tras ser amonestada por parte de la CMT el pasado verano por posible práctica de competencia desleal. En concreto, la CMT señalaba en la notificación que hizo llegar al Consistorio barcelonés que la red WiFi suponía una competencia desleal para el resto de operadoras. Por ello, el organismo regulador instó al Ayuntamiento a solicitar una licencia de operadora y a conseguir que la red sin cables se autofinanciara, a riesgo de recibir una multa de un euro por habitante, lo que habría supuesto un desembolso total aproximado de 1.500.000 ?.
Sin embargo, a pesar de haber dado de baja los accesos, la red de tecnología WiFi de Barcelona sigue activada, aunque sin emitir, con once puntos de acceso wireless (diez en los distritos y otro en la plaza Sant Miquel, junto a la sede central del Ayuntamiento), por lo que actualmente el Consistorio está buscando otras posibilidades para aprovecharla. Por ejemplo, se está barajando la idea de contar con la ayuda de un patrocinador privado que posibilite la financiación del proyecto (de esta manera el dinero no sería público y los ciudadanos tampoco habrían de pagar por el servicio).
Ante este panorama, la situación de los pequeños ayuntamientos que están desplegando o que cuentan con red municipal propia y de las redes creadas por usuarios voluntarios es de pronóstico reservado, más si tenemos en cuenta que la postura de la CMT concuerda con lo señalado en la última reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de octubre, que castiga con hasta dos años de prisión a quien de forma gratuita ?facilite el acceso a servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica o suministre el acceso a los mismos?.
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