Autora: Gemma Llonch. Abogada Derecho.com
En el contexto de la situación económica actual, el Gobierno ha llevado a cabo diversas iniciativas para la reforma del marco jurídico de la actividad económica. Con este fin y con carácter urgente, introduce ahora una serie de medidas adicionales para impulsar la recuperación económica y el empleo.
Fruto de las negociaciones entre el Gobierno y diversos grupos parlamentarios se elaboró el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo que ha entrado en vigor el pasado 14 de abril y que forma parte del programa de trabajo de la “Estrategia para una Economía Sostenible” presentada por el Presidente el Gobierno el pasado 2 de diciembre.
La citada norma prevé reformas en diferentes ámbitos que por su incidencia sobre el conjunto del sistema productivo español y su relevancia en el actual momento de estabilización y recuperación, resultan ahora especialmente relevantes. En resumen, las medidas adoptadas son las siguientes:
Se incluyen reformas destinadas a recuperar la actividad en el sector de la construcción por ejemplo, impulsando la actividad de la rehabilitación de viviendas. Este impulso se pretende conseguir mediante una nueva deducción en el IRPF del importe de las obras realizadas en la vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2012. A esta medida se le añade la aplicación de un IVA reducido del 7% para las obras de rehabilitación, 8% a partir de julio.
Se prevé un conjunto de reformas dirigidas a favorecer la actividad empresarial, aplicables a todo el sector productivo:
– Medidas que reducen la carga impositiva de las empresas: la prórroga de libertad de amortización en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades o la posibilidad de que las empresas recuperen inmediatamente el IVA de las facturas impagadas desde hace más de seis meses.
– Medidas que facilitan el acceso de las empresas españolas a nuevos mercados, concretamente, a mercados internacionales: la reforma del seguro de crédito a la exportación o la rebaja temporal de diversas tasas en materia de transporte aéreo.
Asimismo se diseñan otras medidas más específicas para favorecer la actividad de pequeñas y medianas empresas, que incluyen la reforma de mecanismos de apoyo financiero y la reducción de cargas administrativas en el ámbito tributario.
Se pretende reducir el efecto negativo de la crisis sobre los ciudadanos con bajo poder adquisitivo, en concreto aquellos con cargas familiares:
– Se requiere ampliar el margen de inembargabilidad para este conjunto de ciudadanos.
– Se impulsa los servicios relacionados con la atención a la dependencia, se establece un tipo superreducido del IVA del 4% para los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas integradas dentro del sistema público de autonomía y atención a la dependencia. También se incluyen los servicios de tele asistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial. A su vez, estas medidas redundan en el apoyo al crecimiento de este sector y del empleo generado en el mismo.
También se prevén medidas para conseguir una renovación del sector energético e impulsar nuevas actividades, muy relevantes para la modernización del sector, como son las empresas de servicios energéticos y el vehículo eléctrico. Asimismo, se introducen medidas para facilitar el proceso del titulización del déficit de tarifa eléctrico.
Finalmente, se prevén reformas del marco regulador del sector financiero necesarias para agilizar el proceso con el fin de afianzar la reestructuración actualmente en curso, por ejemplo, se acorta de un mes a diez días el plazo que da el Banco de España a una entidad con dificultades para que presente un plan de viabilidad, y establece que si es la propia institución financiera la que detecta sus riesgos y pide ayuda al supervisor tendrá que hacerlo también presentando un plan.
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