El Gobierno podrá impedir el acceso desde España a contenidos internacionales cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente. La nueva ley también fija la obligatoriedad de la factura electrónica en los contratos con la Administración General del Estado. ‘Se crearán’, dijo, ‘oficinas de carácter gratuito para asesorar a empresas pequeñas que no tengan incorporado a sus hábitos el uso de las nuevas tecnologías’.

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