El artículo 38, número 1, letra d), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, encomienda el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de evaluar su grado de aplicación por los sujetos obligados. Para ello, elaborará anualmente una Memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
Por su parte el artículo 40 establece que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno habrá de elevar anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley.
El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, señala en el artículo 6 que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo deberá regirse por los principios de transparencia y participación ciudadana, que se concretan, entre otras, en la siguiente disposición: «b) Tras su aprobación, un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Se prestará especial atención a que resulte claramente identificable el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos, entidades y órganos obligados de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre».
Finalmente, en el artículo 12, letra c), señala el Estatuto que corresponde a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio, entre otras, de la siguiente función: «c) Aprobar la memoria anual en la que se analice el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se proporcione información detallada sobre el cumplimiento de las obligaciones en ella previstas».
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Único.
Aprobar y remitir al «Boletín Oficial del Estado», para su publicación, el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante el ejercicio 2020 que fuera aprobada por la II Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del citado Consejo en su 1.ª reunión, celebrada en Madrid a las 12:00 horas del día 25 de mayo de 2021, y presentada por el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados en comparecencia de 10 de junio de 2021, resumen de la memoria del ejercicio 2020 que se adjunta como anexo único a la presente.
Madrid, 5 de julio de 2021.–El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez.
ANEXO
Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Organismo durante el ejercicio 2020
I. Novedades
1. Contenido.
En lo que hace a su contenido, la Memoria de Actividades del CTBG para el ejercicio 2020 presenta una particularidad respecto de las de ejercicios anteriores: en ella no se incluyen los resultados de la evaluación para dicho año del cumplimiento de las obligaciones de la LTAIBG por los sujetos obligados.
El art. 38 de la LTAIBG encomienda a esta Autoridad Administrativa Independiente (AAI), la función, entre otras, de evaluar anualmente el grado de aplicación de la ley por los diferentes sujetos obligados, evaluación cuyos resultados habrán de incorporarse a la memoria que el Consejo deberá presentar ante las Cortes.
En cumplimiento de estas normas, esta Autoridad ha realizado la preceptiva evaluación del grado de cumplimiento de la ley en cada uno de sus cinco primeros años de actividad (2015 a 2019). Ahora bien, en todos los casos, y como consecuencia de la anualidad de las evaluaciones, se ha producido un desfase entre el año de referencia de la evaluación y el de presentación a las Cámaras de sus resultados.
Considerando que la causa fundamental de este desfase temporal ha sido la dinámica evaluativa la única posibilidad cierta de reducir el desfase es interrumpir esta dinámica, suspendiendo durante un ejercicio la presentación de los datos de la evaluación. De este modo, la Memoria 2020 incorpora únicamente la correspondiente a las actividades realizadas a lo largo de éste por el CTBG. La evaluación del cumplimiento de la Ley durante 2021 se irá realizando a lo largo de dicho ejercicio, de acuerdo con el plan de evaluación publicado, y los correspondientes informes de resultados se irán haciendo públicos en la página web institucional de este Consejo a lo largo de dicho período una vez estén concluidos. Los informes, igualmente, quedarán reflejados en un resumen global que se incorporará a la futura Memoria de la institución para 2021, que se presentará ante las Cortes Generales dentro del primer trimestre de 2022.
2. Sistemática.
La exposición de las actividades realizadas por esta AAI durante 2020, reflejada en la presente Memoria, presenta también una novedad en cuanto a la sistemática empleada en su redacción.
Esta novedad se refiere a la sistematización de las actividades del Consejo en torno a los ocho ejes señalados en su Plan Estratégico para el período 2015-2019 (PE 2015-19), que se ha utilizado en las cinco Memorias de Actividades formuladas hasta ahora por la institución.
Concluido el período de ejecución del PE 2015-19, no parecía aconsejable mantener en la Memoria para 2020 el uso de las denominaciones de sus distintos ejes estratégicos para organizar internamente la información. Por ello, para agrupar las realizadas en 2020 se ha preferido sustituir la denominación de cada uno de ellos por otras más descriptivas de su contenido. Así las actuaciones propias del Eje Activa se incluyen ahora en un epígrafe denominado «Actividades generales»; las del Eje Resuelve, en un segundo epígrafe denominado «Tramitación»; las del Eje Colabora, en otro denominado «Cooperación y colaboración»; las del Eje Interpreta, en el epígrafe de «Interpretación e informes»; las del Eje Supervisa, en el denominado «Seguimiento y Evaluación»; las del Eje Forma, en el denominado «Formación»; las del Eje Comunica en el epígrafe «Difusión y comunicación» y las del Eje Rinde en el epígrafe «Rendición de Cuentas».
La versión íntegra de Memoria del CTBG correspondiente al ejercicio 2020 puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/memorias_planes/memoria2020.html
II. Consideración general: consecuencias ocasionadas por la pandemia de COVID-19
Antes de iniciar la exposición en detalle de las actividades desarrolladas durante 2020 por el CTBG es necesario referirse a las lamentables y catastróficas consecuencias de la pandemia de COVID-19 desencadenada a escala mundial durante dicho ejercicio y que, además de impactar radical y desastrosamente en la salud y la vida de la ciudadanía de la generalidad de las naciones, ha introducido numerosas restricciones y limitaciones en la práctica totalidad de los sectores y áreas de actividad pública y privada, singularmente en los ámbitos de la economía, la cultura y las relaciones interpersonales.
En lo que se refiere a la actividad de las Administraciones e instituciones públicas y, con ellas, la propia de esta AAI, la emergencia socio-sanitaria ocasionada por el virus y las medidas extraordinarias adoptadas para paliar sus consecuencias han ido introduciendo diferentes restricciones y limitaciones que han modulado tanto su desarrollo como sus objetivos y prioridades. A destacar la necesaria aplicación de medidas preventivas de higiene y distanciamiento social en oficinas y sedes oficiales, la suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, y sus prórrogas, hasta el 1 de junio de 2020, la aplicación general del teletrabajo en las Administraciones Públicas, la restricción del número de asistentes a las reuniones presenciales y la sustitución de éstas por tele-conferencias o reuniones virtuales.
Como en el resto de las Administraciones, estas medidas y restricciones han tenido un impacto decisivo en la actividad del CTBG durante 2020, que se ha visto obligado, en ocasiones, a suspender la celebración o rediseñar el formato o el contenido de actuaciones programadas y, en general, a adaptar sus procesos de trabajo y la administración de sus recursos a las nuevas circunstancias determinadas por la prevención de los contagios y la lucha contra la COVID-19.
III. Asuntos Generales
En el ámbito de los asuntos generales, las principales actividades desarrolladas en 2020 por el Consejo son las reflejadas en los diferentes apartados de este epígrafe.
A) Gobernanza y organización interna.
– Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
En 2020, por Real Decreto 922/2020, de 20 de octubre, se ha producido el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como Presidente de la institución, con el refrendo previo por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Así han concluido los casi tres años de interinidad en el desempeño de su máximo órgano de dirección que ha atravesado el CTBG desde el mes de noviembre de 2017 en que se produjera el fallecimiento en el ejercicio del cargo de Esther Arizmendi Gutiérrez, primera presidenta designada.
– Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
A principios de 2020, el día 19 de enero, cesaron en sus cargos de los y las vocales de la Comisión al expirar los cinco años del mandato que se iniciara el día de su constitución formal: el 19 de enero de 2015.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Estatuto del CTBG, la Comisión tiene atribuidas no solo funciones consultivas o de dirección sino también de naturaleza ejecutiva, los y las vocales acordaron, en decisión adoptada por consenso, continuar en el desempeño de sus funciones para la realización de dichas funciones ejecutivas.
En consecuencia, durante 2020, se celebraron dos reuniones de la Comisión: la sesión número 39, de fecha 5 de marzo, y la sesión número 40, de fecha 25 de noviembre. En esta última reunión, ya presidida por el nuevo titular de la Presidencia del Consejo, se abordó también la cuestión de la renovación de la Comisión y el Presidente del CTBG comunicó a los asistentes su decisión de interesar urgentemente del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública (SEPTFP), autoridad competente al respecto, el inicio de las actuaciones conducentes a la designación de los nuevos integrantes por los organismos e instituciones competentes para su designación. La comunicación del Consejo a la SEPTFP, interesando la iniciación del procedimiento de renovación, se cursó el 27 de noviembre de 2020.
– Gobernanza interna.
Durante 2020, los máximos responsables del Consejo –el Presidente y, con anterioridad a su nombramiento, el encargado en sede vacante– han mantenido hasta cuatro reuniones presenciales de trabajo con el SEPTFP. Igualmente, durante 2020, se han celebrado en el CTBG siete reuniones presenciales del Comité de Dirección, resultado de la situación de pandemia. En cualquier caso, el uso del teletrabajo y los medios telemáticos de comunicación han permitido a lo largo del año una comunicación fluida entre los miembros del equipo de dirección.
Finalmente, se han mantenido varias reuniones de trabajo con responsables externos de tareas relacionadas con el funcionamiento y régimen interno del Consejo: dos reuniones presenciales con el Abogado del Estado coordinador del Convenio de Asistencia Jurídica suscrito por el CTBG con el Servicio Jurídico del Estado-Abogacía General del Estado del Ministerio de Justicia (MJUS), así como numerosos contactos por vía telemática con la jefa del Gabinete Técnico y el subdirector general de Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano de la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MAEyTD).
B) Recursos Humanos.
– Dotación de efectivos.
Más allá de la incorporación a la misma del Presidente del Consejo y del cese por pase a otro destino de la funcionaria titular de un puesto de OEP de nivel 20 de complemento de destino, la plantilla del CTBG a 31 de diciembre de 2020 era prácticamente la misma que la inicialmente asignada en 2015: 22 personas, todas ellas funcionarios de carrera (a excepción de su Presidente, con consideración de alto cargo).
Como se ha puesto de relieve en numerosas ocasiones, la dotación de personal asignada al Consejo, no solo durante 2020 sino a lo largo de todo su período de actividad, no puede considerarse suficiente para que desempeñe sus funciones con eficacia.
En 2020, en respuesta a las demandas de esta AAI, la SEPTFP, a través de la Secretaría General de Función Pública (en adelante, SGFP), inició las actuaciones necesarias para incrementar la dotación de efectivos del CTBG con la adscripción al mismo de funcionarios de nuevo ingreso.
No obstante, las dificultades ocasionadas en el normal desarrollo de los procesos selectivos para el acceso a la Función Pública y la cobertura de las plazas de la Oferta de Empleo Público por la crisis sanitaria han impedido la incorporación de los nuevos funcionarios al Consejo se produjera en 2020.
– Medidas de prevención para la COVID-19.
Durante 2020, el desempeño por el personal del CTBG de las funciones que tienen asignadas se vio afectado por las medidas ordenadas por las autoridades sanitarias y la SEPTFP para la prevención de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.
Estas medidas, además de a la implantación de las de higiene y distanciamiento social, se refirieron básicamente a la restricción de las reuniones presenciales y a la sustitución parcial del trabajo presencial por el teletrabajo, sustitución que en el caso de esta AAI ha afectado a la totalidad del personal y sus actividades.
Se ha de destacar que la introducción del teletrabajo en el Consejo no ha supuesto en modo alguno un descenso del rendimiento del mismo, habiendo respondido su equipo humano al completo con la mayor eficacia y responsabilidad ante las nuevas circunstancias impuestas por la pandemia.
– Gestión.
Para concluir este apartado de recursos humanos, hay que señalar que el CTBG ha realizado y tramitado durante 2020 las distintas actuaciones y procedimientos relacionados con la administración de su plantilla de efectivos, así como elaborado y aprobado las resoluciones e instrucciones correlativas a horario, condiciones de trabajo, acción social, etc.
C) Presupuesto y gestión presupuestaria.
– Presupuesto para el ejercicio 2020.
El CTBG ha contado con un presupuesto inicial para 2020 de 2,28 millones de euros. El crédito para este ejercicio fue el mismo que en el ejercicio 2019, como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado acordada por el Gobierno para dicho año.
En el presupuesto del Consejo para 2020, el 61 % del total está destinado a gastos de personal (Capítulo I), y el 34 % del total se destina a gastos corrientes (capítulo II), incluido el arrendamiento de la sede del organismo. El restante 5 % está dedicado al pago de cuotas de pertenencia a entidades internacionales (capítulo IV) y a financiar posibles inversiones necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios (capítulo VI) y otras operaciones financieras (capítulo VIII).
– Ejecución del Presupuesto.
La ejecución del PG 2020 del CTBG asciende a 1.767.294 euros (un 78,70 % del total), produciéndose un remanente de 478.368 euros (un 21.30 % del total). El nivel de ejecución supera el dato de 2019, con una tasa de ejecución del 76,63 %.
No puede decirse que el PG 2020, como sucediera con los anteriores presupuestos, constituya un documento específicamente ajustado a las necesidades presupuestarias del CTBG. En el anteproyecto de presupuestos del Consejo para los PGE 2021 se ha realizado una reconfiguración completa de las dotaciones y créditos incorporados, de modo que, una vez aprobados, se dispondrá por esta Autoridad de una estructura presupuestaria más adecuada a las necesidades del organismo.
D) Gestión económica.
– Contratos.
En lo que se refiere a la actividad desarrollada en 2020 por el CTBG en materia de contratación, hay que destacar la licitación de un nuevo contrato del servicio de defensa y representación jurídica del CTBG. La nueva contratación concluyó el 14 de julio, fecha en que la Presidencia P.V. del Consejo acordó la adjudicación del contrato a ESCARATE ASESORES, S.L.P. –la misma firma que resultó adjudicataria del anterior.
Hay que señalar, también, la celebración de un contrato menor de servicios con una empresa especializada para la realización de un estudio sobre el cumplimiento del requisito legal de claridad en las páginas webs y portales de transparencia de las entidades obligadas por la LTAIBG, que se utilizará por el CTBG para mejorar las evaluaciones de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por los sujetos legalmente obligados. El contrato se adjudicó a Prodigioso Volcán el 11 de noviembre de 2020.
Además de la conclusión de estos contratos, la actividad contractual del CTBG durante 2020 se extendió a las acciones vinculadas a la ejecución de los distintos contratos de arrendamiento, suministros y servicios.
Todos estos contratos pueden consultarse en el portal de transparencia de esta Autoridad.
– Convenios.
Durante 2020, el CTBG ha realizado diversas actuaciones en materia de convenios. Entre ellas, es preciso destacar por su importancia, la renovación del convenio con la SGAD para la utilización de soluciones y medios tecnológicos, y la firma del nuevo convenio de asistencia jurídica entre la AGE (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Finalmente, en el ámbito de los convenios de colaboración suscritos por el Consejo con diversas CCAA para el traslado del ejercicio de la competencia de estas para resolver las reclamaciones promovidas al amparo del art. 24 de la LTAIBG, hay que señalar la renovación de cuatro de los convenios suscritos con anterioridad (con la Comunidad de Cantabria, con la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y con la Comunidad de La Rioja), así como la firma de las prórrogas de los convenios suscritos con la Comunidad de Madrid, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta de Extremadura.
Todos los convenios suscritos por el CTBG pueden consultarse en su portal de transparencia.
– Gastos.
Entre los gastos directos realizados por el CTBG durante el ejercicio 2020, son de señalar los diferentes gastos dispuestos para la adaptación de la sede de la institución a las necesidades de prevención de posibles contagios de la COVID-19, que han alcanzado un importe total de 1.604,33 €, abonados con cargo a créditos de los capítulos I y VI del PG 2020.
Respecto de los gastos directos superiores a 1.000 euros realizados por el CTBG durante el año 2020 destacan por su cuantía, la adquisición de catorce mesas para la sede y el pago de la renovación de la licencia Product Bundle de Siteimprove para monitorización on line de páginas webs. El resto de los gastos directos superiores a 1000 euros pueden consultarse en el portal de transparencia del Consejo.
IV. Tramitación
En los siguientes epígrafes se detallan las actuaciones realizadas por el Consejo durante 2020 en orden a la tramitación y resolución de las iniciativas planteadas por la ciudadanía, con especial atención a las relacionadas con las reclamaciones presentadas al amparo del art. 24 de la LTAIBG en materia de derecho de acceso a la información pública.
A) Iniciativas presentadas.
Durante 2020 se han presentado a este CTBG 2985 iniciativas de ciudadanos y ciudadanas.
Casi un 60 % de ellas han sido reclamaciones planteadas al amparo del art. 24 de la LTAIBG frente a las respuestas dadas a las solicitudes de acceso a la información pública (SAIP), tanto por los órganos de la AGE y los organismos y entidades del sector público estatal, como por los órganos y entidades de las CCAA que tienen suscrito convenio de colaboración con esta Autoridad y de las EELL de su territorio. El resto de las iniciativas tiene distinta naturaleza, siendo las más numerosas –un 35 % del total– las solicitudes de información sobre cuestiones relacionadas con la LTAIBG y otras, recibidas por los canales presencial, electrónico y telefónico.
Continuando la tendencia observada en los cinco ejercicios anteriores se destaca que las cifras de denuncias, quejas y sugerencias y consultas formales sobre la aplicación de la Ley presentadas al CTBG durante 2020 suponen únicamente un 7,70 % del total de las cuestiones planteadas, siendo las quejas y sugerencias un 0,80 % del total, las iniciativas menos promovidas.
Debe destacarse también que el total de iniciativas planteadas en 2020 es sensiblemente inferior al correspondiente a 2019. Los motivos del descenso de las iniciativas –un 20,34 % menos– pueden estar relacionados con la suspensión de plazos administrativos y otras medidas adoptadas para superar la crisis sanitaria causada por la COVID-19. Ello es particularmente cierto en relación con las reclamaciones puesto que las SAIP, se vieron afectadas por la suspensión de plazos administrativos ordenada por la disposición adicional 3.ª del Real Decreto 463/2020 (citado), y sus sucesivas prórrogas hasta el 1 de junio de 2020. Como consecuencia de lo anterior, la tramitación de las SAIP estuvo suspendida desde el 14 de marzo al 1 de junio de 2020, fecha señalada como término de la suspensión por el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, salvo en aquellos supuestos en que estuvieran «estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma».
B) Reclamaciones.
En 2020 tuvieron entrada en este CTBG 1704 reclamaciones formuladas al amparo del art. 24 de la LTAIBG, que constituyen el 57 % de las iniciativas presentadas por la ciudadanía. De estas 1704 reclamaciones, el 55,69 % del total corresponden a organismos o entidades de ámbito estatal y el 44,31 % restante, corresponden a organizaciones o entidades de ámbito territorial.
De acuerdo con los plazos de tramitación de las mismas (tres meses), no todas ellas fueron resueltas en el año 2020: la mayor parte de las registradas en el último trimestre del ejercicio se han resuelto en 2021. Así, de las 949 reclamaciones de ámbito estatal con entrada en 2020, el 71,65 % del total se resolvieron durante ese ejercicio y de las 755 reclamaciones de ámbito territorial igualmente presentadas en 2020, el 70,60 % se resolvieron en ese año.
Junto a ellas, como consecuencia del efecto del plazo legal de resolución antes mencionado, se resolvieron también las reclamaciones con entrada en los últimos meses del ejercicio 2019. Concretamente, 196 reclamaciones de ámbito estatal y 191 reclamaciones de ámbito territorial.
De este modo, en el ejercicio 2020, el CTBG resolvió 876 reclamaciones de ámbito estatal: 196 correspondientes a 2019 y 680 correspondientes a 2020; y, 724 de ámbito territorial: 191 correspondientes a 2019 y 533 correspondientes a 2020.
Reclamaciones de ámbito estatal:
Durante 2020 el CTBG ha tramitado y resuelto un total de 876 reclamaciones referidas a resoluciones de órganos de la AGE o del sector público institucional estatal.
Resultados de la tramitación:
De las 876 reclamaciones resueltas, 717 (81,85 %) fueron admitidas a trámite y 159 (18,15 %) resultaron inadmitidas por no reunir los requisitos legales de procedibilidad.
Los resultados de la tramitación de las 717 resoluciones admitidas son los siguientes:
el 52,30 % del total fueron estimadas, es decir, se resolvieron de acuerdo, total o parcialmente, con las pretensiones del o la interesada;
el 41,56 % del total fueron desestimadas, es decir, resultaron contrarias a las pretensiones del o la interesada;
el 5,30 % del total fueron archivadas al desistir el interesado de la reclamación o producirse la falta de subsanación de la reclamación presentada, y
el 0,84 % del total quedaron suspendidas en su tramitación por afectar a cuestiones similares a las planteadas en resoluciones del Consejo impugnadas ante los Tribunales de Justicia y todavía pendientes de sentencia.
Organismos o entidades reclamadas.
Respecto de los organismos o entidades frente a los que se dirigen las 876 reclamaciones de ámbito estatal, el órgano frente al cual se han presentado mayor número de reclamaciones es el Ministerio del Interior, con un 19,52 % del total. Le continúan, por orden decreciente, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con un el 6,74 % del total y el Ministerio de Sanidad con el 6,28 % del total.
Por categorías organizativas, son los departamentos ministeriales los órganos frente a cuyas resoluciones en vía de SAIP se han deducido en 2020 más reclamaciones ante esta AAI: 674, que representan el 74,66 % del total. A continuación, en orden decreciente, se sitúan Presidencia del Gobierno, con un 5,37 % del total, las Autoridades Portuarias, con un 4,34 % del total y las Corporaciones de Derecho Público, con un 2,97 % del total.
Motivos.
Respecto de los motivos y argumentos jurídicos invocados en las reclamaciones, el primer dato a destacar es el elevado número de reclamaciones que se presentan frente a SAIP resueltas por la vía del silencio administrativo, esto es, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido: un 47,06 % del total.
El segundo lugar lo ocupan las resoluciones que conceden parcialmente la información solicitada: un 21,92 % del total. En tercer y cuarto lugar se sitúan las reclamaciones basadas en la denegación de las SAIP motivadas en que suponen una acción previa de reelaboración (un 4,34 % del total) y las motivadas en el carácter abusivo o repetitivo (un 4,00 % del total).
Temática.
Como en ejercicios anteriores, la temática de las reclamaciones resueltas por el Consejo en 2020 ha sido muy heterogénea. A falta de un estudio detallado de las materias a que han afectado, que implicaría prácticamente un análisis caso por caso, esta Autoridad ha establecido un modelo de descriptores que permite ofrecer información agregada. Ahora bien, el número de reclamaciones clasificadas como «otros» (136, un 15,53 % del total) es el mejor indicador de la heterogeneidad de la temática de las reclamaciones y de la dificultad de establecer un sistema de descriptores, en el que continúa trabajando este CTBG.
En cualquier caso, a partir del modelo existente, cabe destacar que, como sucedía en el año 2019, la temática predominante en 2020 ha sido la relacionada con el empleo público, que representan un 21,46 % del total. A continuación, los temas sobre los que mayor número de reclamaciones se han suscitado han sido la información de naturaleza jurídica –un 20,89 % del total– y la información estadística –un 17,35 % del total–.
Reclamantes.
Finalmente, en lo que respecta a los y las reclamantes, hay que señalar que el hecho de que no es obligado motivar la solicitud de acceso, impide establecer una estadística fiable de los tipos o categorías personales o profesionales en que pueden clasificarse los y las reclamantes.
Se detecta que la categoría más frecuente de reclamantes ante el Consejo ha sido durante 2020 la de las personas físicas sin cualificación especial que se da casi un 60 % del total. Después, la categoría «periodistas» (el 25,23 %) y la categoría «representantes de la sociedad civil» (un 5,82 % del total).
Respecto de la distribución por género, se sigue observando una acusada desigualdad entre el número de reclamaciones presentadas por hombres (el 78,31 % del total) y el de reclamaciones presentadas por mujeres (el 21,58 %).
– Reclamaciones de ámbito autonómico y local
Durante 2020, entraron en el CTBG 755 reclamaciones referidas a resoluciones de órganos de la Administración autonómica y la Administración Local de las ocho CCAA con las que esta Autoridad ha firmado un convenio de colaboración. De estas 755 reclamaciones, 533 se resolvieron durante el ejercicio, quedando 222 pendientes para los primeros meses de 2021.
Junto a estas 533 reclamaciones que entraron en 2020, en este año se han resuelto las 191 reclamaciones de ámbito territorial que tuvieron entrada en los últimos meses del ejercicio 2019. Así, en 2020, se han tramitado y resuelto 724 reclamaciones de ámbito territorial.
Resultados de la tramitación.
De las 724 reclamaciones de ámbito territorial tramitadas en 2020, 590 (el 81,49 %) fueron admitidas a trámite mientras que 134 (18,51 %) fueron inadmitidas por defectos de procedibilidad.
Los resultados de la tramitación de las 590 resoluciones admitidas son los siguientes:
el 65,59 % del total fueron estimadas, es decir, se resolvieron de acuerdo, total o parcialmente, con las pretensiones del o la interesada;
el 22,54 % del total fueron desestimadas, es decir, resultaron contrarias a las pretensiones del o la interesada;
el 8,64 % del total fueron archivadas al desistir el interesado de la reclamación o no proceder a la subsanación de los errores o defectos de tramitación en que hubiera incurrido, y
el 3,22 % del total dispusieron la retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno por haberse producido algún defecto de procedimiento.
Organismos o entidades reclamadas.
En cuanto al desglose por CCAA de las 724 reclamaciones de ámbito territorial tramitadas y resueltas durante 2020 por esta AAI, y como en ejercicios anteriores, es la Comunidad de Madrid, con el 41,30 % del total, la Comunidad Autónoma que constituye el origen de la mayor parte de las reclamaciones. Le siguen, por orden descendente, la Comunidad de Castilla-La Mancha (23,20 %) y las Comunidades de Extremadura y Asturias (con un 8,56 % y un 7,18 % del total, respectivamente).
Respecto de la naturaleza jurídico-organizativa de los organismos o entidades frente a los que se dirigen las 724 reclamaciones de ámbito territorial tramitadas y resueltas durante 2020 por esta AAI, el 54,42 % se corresponden con entidades locales, seguida de las Comunidades Autónomas con un 31,08 %.
La Administración frente a cuyas resoluciones en vía de SAIP se han deducido en 2020 un mayor número de reclamaciones es el Ayuntamiento de Madrid con 54 reclamaciones, seguido por la Comunidad de Madrid con 41 reclamaciones y el Ayuntamiento de Toledo, con 22 reclamaciones.
Motivos.
Respecto de los motivos de las reclamaciones de ámbito territorial tramitadas durante 2020, el primer dato a destacar, al igual que se ha visto que sucedía con las reclamaciones de ámbito estatal, es el alto número de reclamaciones que se presentan frente a SAIP resueltas por silencio administrativo: un 70,30 % del total.
Las causas de esta diferencia tan significativa se hallan en el gran número de entidades de pequeño tamaño que aparecen como reclamadas en el ámbito local, que cuentan con escasos recursos para gestionar adecuadamente las SAIP y dictar en plazo las oportunas resoluciones.
En paralelo con lo que se ha dicho en el apartado anterior respecto de las reclamaciones de ámbito estatal, se aprecia también en los motivos que llevan a estimar o desestimar las reclamaciones de ámbito territorial un predominio de los motivos jurídicos formales o procesales sobre los materiales. El motivo aducido con mayor frecuencia es la no naturaleza de información pública de la información solicitada, que se da en un 20,36 % del total, y el carácter abusivo o repetitivo de la misma, que se da en un 3,74 % del total.
Temática.
En cuanto al asunto o materia de las reclamaciones, y teniendo en cuenta que la casuística territorial es diferente de la estatal, se hace uso de una tabla diferente de descriptores.
Fuera de la categoría residual «Varios/otros» y dentro de las reclamaciones con temática identificada, la materia principal de las reclamaciones es la económica y presupuestaria en sentido general, con un 17,68 % del total, seguida de la de carácter institucional con el 13,54 % del total, y la focalizada en un municipio concreto, que representan el 11,19 % del total. No obstante, el excesivo peso de las reclamaciones sin temática diferenciada (que representan el 14,36 % del total) compromete cualquier valoración e impide extraer conclusiones suficientemente acreditadas.
Reclamantes.
En el ámbito territorial la categoría más frecuente de reclamantes ante el Consejo ha sido durante 2020 la de las personas físicas sin especificar, que se da en un 77,62 % del total.
Respecto de la distribución por género, se sigue observando una acusada desigualdad entre el número de reclamaciones presentadas por hombres (el 78,87 % del total) y el de reclamaciones presentadas por mujeres (el 19,06 % del total), con un 2,07 %, de reclamaciones en que el dato de género no se ha recogido.
V. Cooperación y colaboración
Durante 2020 el Consejo ha puesto en marcha 65 acciones de colaboración y cooperación institucional, un 4,83 % de incremento respecto de las abordadas en el ejercicio 2019.
A) Ámbito internacional.
Las acciones de colaboración de ámbito internacional realizadas por esta Autoridad durante 2020 han ascendido a doce, siendo seis de ellas en formato virtual.
Por su importancia para el posicionamiento internacional del Consejo y el conocimiento de las experiencias vividas en otros países, las más destacables son las relacionadas con las autoridades y órganos garantes. Así, en 2020, el Consejo ha participado en el XIX Encuentro de la Red iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, celebrado en formato virtual durante los días 20, 21 y 22 de octubre. Así mismo, ha participado el 10 de marzo en una reunión virtual del Grupo de Trabajo de Indicadores de la RTA, el 23 de julio en un taller virtual con los miembros del Consejo Directivo de la organización sobre consultoría para fortalecer la transparencia en el contexto de la crisis causada por la citada pandemia y el 6 de agosto en la sesión virtual del indicado Consejo Directivo destinada a preparar el XIX Encuentro de la Red y a debatir otras cuestiones de interés común.
Respecto de la cooperación con la Conferencia Internacional de Comisionados de Información/International Conference of Information Commissioners (CIC/CICI), la previsión inicial de celebrar en Brasil durante 2020 la Conferencia bienal tuvo que ser revisada como consecuencia de la COVID-19 y, finalmente, quedó pospuesta para 2021.
B) Ámbito estatal.
Durante 2020, el CTBG realizó hasta dieciséis acciones de colaboración y cooperación institucional con órganos de la AGE y con otros organismos y entidades de ámbito estatal, cinco de ellas en formato virtual.
Hay que reseñar la colaboración de esta Autoridad con el Foro de Gobierno Abierto. El CTBG forma parte del Foro como miembro observador pero ha tomado parte activa en las tareas del Grupo de Trabajo de Transparencia y Rendición de Cuentas del mismo y ha participado, en formato virtual, en varias sesiones. También hay destacar la colaboración del Consejo con el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA), instituto universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), para la presentación a la RTA por parte del Instituto de un proyecto de elaboración de indicadores de medición de la transparencia que pudiera ser utilizado por los distintos órganos y Autoridades miembros.
C) Ámbito territorial.
Las acciones de colaboración y cooperación institucional en el ámbito territorial desarrolladas por el Consejo durante 2020 han ascendido a veintitrés, diecinueve de ellas en formato virtual.
Las más destacadas son las relacionadas con la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España, red informal de los doce órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información existentes en la actualidad (el CTBG y los once Comisionados y Consejos de Transparencia autonómicos), que celebró dos reuniones virtuales en 2020, con vistas a elaborar y aprobar por consenso una declaración institucional para hacer pública en la edición 2020 –la V– del Congreso Internacional de Transparencia (CIT).
En el ámbito territorial hay que destacar también las reuniones de los Comités de Seguimiento de los convenios de traslado del ejercicio de competencias que el CTBG ha suscrito con diversas CCAA y la participación del Consejo en la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
Finalmente es de destacar que, en el año 2020, el Consejo ha preparado su informe para incluir en el Anuario de Transparencia Local publicado por la Fundación Democracia y Gobierno Local.
D) Empresas, entidades privadas y organizaciones civiles.
Durante 2020, el CTBG ha colaborado en diversas actividades con empresas, entidades privadas y organizaciones y asociaciones de la sociedad civil (catorce acciones de colaboración). Entre estas acciones puede destacarse la participación en el V CIT mencionado en el epígrafe anterior, así como en diversas acciones de formación y divulgación promovidas por asociaciones y organizaciones de la sociedad civil (Acces Info Europe, Transparencia Internacional España y Fundación Hay Derecho).
VI. Interpretación e Informes
A) Criterios de interpretación uniforme.
Durante 2020 esta Autoridad ha elaborado conjuntamente con la AEPD un criterio de interpretación uniforme. Se trata del CIU 1/2020, de fecha 6 de marzo, relativo a información pública sobre al personal que ocupa o ha ocupado un puesto de carácter eventual en la AGE y a la aplicación del art. 19.3 de la LTAIBG, que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html.
B) Informes.
Durante 2020, el CTBG emitió 6 informes sobre diversas iniciativas parlamentarias relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública y 7 informes, a petición de la Comisión de Seguimiento de normativa autonómica de la SEPTFP, igualmente relacionadas con ambas materias.
VII. Seguimiento y evaluación
A) Evaluación.
Durante el ejercicio, las actuaciones del Consejo en materia de evaluación se han vinculado con los resultados del estudio de objetivación del requisito de «claridad» de las informaciones de publicidad activa que ha realizado la empresa Prodigioso Volcán en uso de su metodología para la «Comunicación Clara». La empresa ha puesto a disposición del CTBG una denominada «matriz de medición» de la «claridad» de las informaciones publicadas.
Una síntesis de esta matriz de claridad puede ser consultada en la Memoria del CTBG. A partir de este trabajo, los servicios de esta AAI deberán integrar la matriz de medición de la claridad diseñada en la «Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad Pública» (MESTA), desarrollada en colaboración por este Consejo y la extinta Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios Públicos (AEVAL).
B) Denuncias.
En el ejercicio 2020 el CTBG ha recibido 124 denuncias referidas a incumplimientos e infracciones de la LTAIBG, en particular, y en general, de la transparencia de la actividad pública, además de otras cuestiones de diversa índole ajenas al ámbito competencial del Consejo. El número de denuncias ha aumentado un 53 % respecto de 2019.
Al igual que en años anteriores, en algunas de las denuncias formuladas este Consejo no ha podido realizar una intervención efectiva en relación con su contenido, bien porque su objeto se refería a cuestiones ajenas a la LTAIBG o por no ser el órgano competente por razón de la Administración Pública o entidad denunciada. No obstante, en todas ellas el Consejo ha dado oportuna respuesta a los denunciantes.
Por otro lado, 22 de los 124 escritos presentados como denuncias se consideraron que debían ser tramitados como reclamaciones, por lo que se dio traslado de ellos a la Subdirección General de Reclamaciones (7) o a la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales (15).
En relación con el sujeto denunciado, cabe destacar que las más numerosas, como todos los años, han sido las denuncias formuladas frente a entidades de la Administración Local: 57 denuncias en total, seguidas de las denuncias dirigidas frente a la AGE y su sector público institucional, 45 de las 124.
En cuanto al género de las personas denunciantes, 86 denuncias han sido formuladas por hombres y 28 por mujeres. Las 10 restantes se han presentado en representación de personas jurídicas.
C) Seguimiento.
Las actuaciones de seguimiento comprenden también la publicación en el portal web del organismo de los resultados de esta labor de monitorización, destacando a los órganos o entidades que persisten en el incumplimiento después de haber sido requeridos.
– Ámbito estatal.
A 31 de diciembre de 2020, de las 296 resoluciones que requerían ejecución, el 71,96 % habían sido ejecutadas por el órgano responsable; el 1,02 % se encontraban en trámite de resolución; el 4,39 % se hallaban suspendidas por haber sido objeto de recurso contencioso-administrativo, y el 22,63 % restante estaban pendientes de ejecución, sin que hubiera constancia de su cumplimiento en este CTBG.
La tasa de resoluciones con ejecución correspondientes a 2020 que se habían cumplido a 31 de diciembre de dicho año (71,96 %) es muy similar a la obtenida a dicha fecha para las resoluciones de la misma naturaleza de 2019 (72,33 %).
– Ámbito autonómico y local.
De las 294 resoluciones que requerían ejecución, a 31 de diciembre de 2020, se hallaban ejecutadas el 69,39 % del total; el 4,42 % se encontraban en trámite de ejecución; el 4,08 % habían sido suspendidas por la interposición de un recurso contencioso-administrativo, y el 22,11 % restante no existía en este Consejo constancia de su cumplimiento.
En el caso de las reclamaciones de ámbito territorial la tasa de resoluciones con ejecución correspondientes a 2020 que se habían cumplido a 31 de diciembre de dicho año (69,39 %) es notablemente superior (14 puntos) a la obtenida a dicha fecha para las resoluciones de la misma naturaleza de 2019 (55,45 %).
– Actuaciones judiciales.
Durante el año 2020 se interpusieron 42 recursos contencioso-administrativos contra resoluciones del Consejo respecto de reclamaciones presentadas frente a órganos y entidades de la AGE y el sector público estatal y 13 respecto de reclamaciones presentadas frente a resoluciones de órganos y entidades de las CCAA y las EELL. Entre las 42 resoluciones impugnadas de ámbito estatal 22 corresponden a expedientes resueltos en 2019 y 20 a expedientes de 2020; en las de ámbito territorial, 6 corresponden a 2019 y 7 a 2020.
De los 42 recursos planteados frente a las resoluciones del CTBG en reclamaciones de ámbito estatal, el 76,19 % del total fueron promovidos por organismos y entidades públicas –y por tanto, la asistencia letrada del CTBG ejercida por abogados privados al incurrir la Abogacía del Estado en conflicto de intereses-; y el 23,81 % restante, por particulares (personas físicas como jurídicas) -y la asistencia letrada ejercida por la Abogacía del Estado -.
VIII. Formación
En esta labor de promoción, el Consejo ha participado durante 2020 en 26 sesiones formativas –25 menos que en 2019, con un decremento del 49,02 %– debido a las restricciones de actividad impuestas a consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Entre las acciones más destacadas pueden señalarse las promovidas por Universidades o Institutos Universitarios. Primeramente, las vinculadas con másteres universitarios o títulos de posgrado, como la participación del Consejo en diversas clases y mesas redondas de la 2.ª edición del Máster en Transparencia y Buen Gobierno organizado por el ICCA de la UCM.
Así mismo, en el ámbito de las acciones vinculadas a la formación de empleados públicos, puede destacarse la participación del CTBG en diversas clases y acciones docentes del curso de formación para funcionarios de Instituciones de Control Externo del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y el TCU y en la 1.ª edición del curso on line: "El proceso evolutivo desde la auditoría de desempeño a la evaluación de políticas públicas», organizado por la Contraloría General de la República de Colombia, que incluye un segmento sobre evaluación de transparencia.
Finalmente, en el área de acciones promovidas por entidades privadas o por la sociedad civil organizada, puede destacarse la participación del CTBG en el taller de formación para periodistas «El ejercicio del derecho de acceso a la información» organizado por Access Info Europe y en el Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública del Instituto-Escuela de la Fundación Francisco Giner de los Ríos–Institución Libre de Enseñanza.
IX. Difusión y Comunicación
A) Difusión y sensibilización.
Durante 2020, el CTBG ha realizado 11 actuaciones de difusión y sensibilización, con un decremento del 69,44 % respecto de 2019, en que se contabilizaron 36.
Como en el caso de las acciones formativas del Consejo, este decremento se debe fundamentalmente a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria ligada a la COVID-19.
B) Comunicación.
Página web.
Durante el año 2020 no se ha realizado ninguna mejora técnica sobre la web. Todos los avances han sido de contenidos, principalmente los relacionados con el portal de transparencia del Consejo, un elemento en constante actualización.
A lo largo del año se han redactado para la hemeroteca de la web catorce noticias sobre temas de actualidad del Consejo; semanalmente se han publicado las agendas de los niveles 29 y 30 del Consejo en formato reutilizable; y, mensualmente se han divulgado las estadísticas de nuestra actividad, las resoluciones a las reclamaciones que se reciben y los recursos judiciales contra resoluciones del Consejo.
La página ha sido objeto de 110.403 sesiones de consulta durante el año 2020, en el curso de las que se han realizado 400.579 visitas a sus distintos apartados.
– Redes sociales.
Durante el año 2020 las actividades en redes sociales se han focalizado en Twitter. En la memoria se pueden consultar las impresiones de los tuits y nuevos seguidores, así como la tasa de interacción.
– Medios de comunicación.
Durante 2020, se han difundido por la institución dos notas de prensa referentes a sentencias judiciales favorables a la posición procesal de esta en litigios de interés general, así como se ha divulgado el contenido de la «Declaración de Internet» formulada por la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España con ocasión del V CIT.
Durante el año, el CTBG ha participado en una entrevista para el Canal Laboratorio del Laboratorio de Contratación (29 de enero) y en dos reportajes sobre la institución realizados por el diario ABC (23 de julio) y Mediaset (23 de septiembre). También ha publicado un artículo sobre la publicidad activa de los Colegios Profesionales en la revista «Profesiones» de Unión Profesional (UPRO).
La institución y su actividad también han tenido una alta repercusión en la prensa, tanto escrita como digital, que se ha hecho eco de diversas resoluciones adoptada por ella.
X. Rendición de cuentas
A) Seguimiento del Plan Estratégico 2015-2019.
A 31 de diciembre de 2019 concluyó el período de aplicación del PE 2015-19 y durante el mes de enero se evaluó el cumplimiento del Plan y se elaboró el correspondiente informe de seguimiento.
El nivel de cumplimiento del PE 2015-19 ha sido del 88,04 % en un enfoque global. El 82,17 % de los objetivos contemplados en el Plan se han cumplido en su totalidad, un 9,30 % se han alcanzado parcialmente y ha dejado de cumplirse un 8,53 % de los objetivos. En general, la prolongada situación de interinidad de la Presidencia y la carencia de recursos suficientes en el Consejo, así como el hecho de que el cumplimiento del objetivo dependiera total o parcialmente de otros actores, son los factores que explican el incumplimiento total o parcial de estos objetivos.
B) Plan de Objetivos 2020.
El PE 2015-2019 del CTBG concluyó el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, y dado que la Presidencia del CTBG se encontraba vacante en ese momento, no parecía aconsejable acometer un nuevo PE que podría comprometer la actividad futura del organismo con el establecimiento de objetivos o retos estratégicos que pudieran no ser compartidos por la Presidencia futura.
Es por ello que, a principios de 2020, el equipo directivo del CTBG aprobó un PO para 2020, que puede consultarse en la página web del Consejo junto al informe de seguimiento del PE 2015-2019.
C) Encuesta de satisfacción con los servicios del Consejo.
Entre las acciones de rendición de cuentas emprendidas por el CTBG en 2020 se encuentra también la realización de una encuesta de satisfacción de los usuarios y usuarias de sus servicios.
La encuesta, elaborada con medios propios del Consejo, se realizó mediante un cuestionario on line accesible en el lugar correspondiente de la web institucional del organismo.
Respecto de los resultados de la encuesta, cabe destacar que la satisfacción en general con los productos y servicios del Consejo puede considerarse elevada, 7,40 puntos en una escala 1-10.
El contacto personal fue la vía más utilizada seguida, a gran distancia, de la web. Más de la mitad de las personas que contactaron personalmente con el Consejo lo hicieron mediante correo electrónico y un 29 % lo hizo telefónicamente.
La consulta de las resoluciones del Consejo es el servicio más utilizado por los usuarios.
El 90 % de los encuestados que contactaron en los últimos doce meses con el Consejo considera que recibió una atención buena o muy buena.
El trato dispensado, la competencia profesional del personal del Consejo, la confianza que inspira y su capacidad de respuesta ante las necesidades de los usuarios son los atributos de prestación del servicio mejor valorados por los usuarios. Todos los atributos analizados obtienen puntuaciones superiores a 7,7 en una escala 1-10.
Al analizar los resultados según dimensiones del modelo SERVQUAL, la seguridad seguida de la capacidad de respuesta son las dimensiones que obtienen las mejores puntuaciones. Por el contrario la tangibilidad es la dimensión que obtiene la valoración más baja: 7,76 puntos. El CTBG alcanza una puntuación SERVQUAL de 8,10 puntos.
El atributo que tiene una mayor capacidad explicativa en relación con la satisfacción global con los servicios es la disposición del personal del Consejo a ayudar a resolverlas cuestiones planteadas. La valoración de este atributo explica el 33,6 % de la variabilidad en la valoración de la satisfacción global.
En cuanto a la prescripción del Consejo, es decir, hasta qué punto los usuarios de los productos y servicios de CTBG recomendarían su utilización a otros ciudadanos, organizaciones o profesionales, los resultados indican que los usuarios de CTBG recomendarían con un alto grado de seguridad sus servicios: la media alcanza una valoración de 8,41 puntos y el 57 % de los usuarios valoran en 9 o 10 puntos.
D) Transparencia.
La totalidad de las resoluciones aprobadas por el CTBG en vía del art. 24 de la LTAIBG puede consultarse de forma «anonimizada» en la web del Consejo.
Por otra parte, en el ámbito de la publicidad activa, cabe señalar que el CTBG hace públicos en su web institucional algunos datos o informaciones no previstos en la LTBAIG y que, en este sentido, se configurarían como contenidos de «transparencia voluntaria». Así, la agenda de trabajo de su Presidente y equipo directivo; las actas de las reuniones de la Comisión, los gastos directos superiores a 1.000 euros y el seguimiento del cumplimiento de sus resoluciones.
Fiscalización.
Durante 2020, la Intervención General de la Administración del Estado ha realizado la auditoría de las cuentas del CTBG correspondientes al ejercicio 2019. El informe, junto con la cuenta general del organismo, ha sido publicado en el BOE de 4 de agosto de 2020 mediante Resolución de 27 de julio de la Presidencia del Consejo.
XI. Conclusiones: aspectos destacados
Limitaciones en la actividad del Consejo como consecuencia de la COVID-19:
Como en el resto de las Administraciones, las medidas adoptadas durante 2020 por las autoridades sanitarias en la lucha contra la pandemia mundial de COVID-19 y la prevención de los contagios han tenido un impacto directo en la actividad del CTBG que se ha visto obligado, en ocasiones, a suspender la celebración o rediseñar el formato o el contenido de actuaciones programadas y, en general, a adaptar sus procesos de trabajo a las nuevas circunstancias determinadas por la prevención.
La introducción del teletrabajo en el Consejo no han supuesto en modo alguno un descenso del rendimiento del mismo, habiendo respondido su equipo humano al completo con la mayor eficacia y responsabilidad ante las nuevas circunstancias impuestas por la pandemia.
Presidencia del CTBG:
En lo que se refiere a la Presidencia del Consejo, hay que destacar que en 2020, por Real Decreto 922/2020, de 20 de octubre, se ha producido el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como Presidente de la institución, con el refrendo previo por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
Así han concluido los casi tres años de interinidad en el desempeño de su máximo órgano de dirección que ha atravesado el CTBG desde el mes de noviembre de 2017 y se ha atendido adecuadamente una demanda reiterada de esta institución, de las organizaciones y asociaciones especializadas en materia de transparencia y acceso a la información y, en general, de las fuerzas políticas y los medios de comunicación.
Comisión del Consejo:
A principios de 2020, el día 19 de enero, se produjo, por expresa disposición estatutaria, el cese en sus cargos de los y las vocales de la Comisión al expirar los cinco años del mandato que se iniciara el día de su constitución formal, 19 de enero de 2015. Ello no obstante, y a falta de previsión legal expresa, los y las vocales acordaron, en decisión adoptada por consenso, continuar en el desempeño de sus funciones para el cumplimiento de las tareas ejecutivas del órgano.
En la última reunión de 2020, ya presidida por el nuevo titular de la Presidencia del Consejo, se abordó la cuestión de la renovación de la Comisión y el cese definitivo en sus funciones de los y las vocales actuantes hasta la fecha. En relación con esta cuestión, el Presidente del CTBG comunicó a los asistentes su decisión de interesar urgentemente del SEPTFP, autoridad competente al respecto, el inicio de las actuaciones conducentes a la designación de los nuevos y nuevas miembros por los organismos e instituciones competentes para su designación.
Dotación de efectivos:
Fuera de la incorporación a la misma del Presidente del Consejo y del cese por pase a otro destino de la funcionaria titular de un puesto OEP de nivel 20 de complemento de destino, la plantilla del CTBG a 31 de diciembre de 2020 era prácticamente la misma que inicialmente le fuera asignada en 2015: 22 efectivos, todos ellos funcionarios de carrera a excepción de su Presidente con consideración de alto cargo.
Como se ha puesto de relieve en numerosas ocasiones, tanto por parte de esta institución como del TCU, diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, la dotación de personal asignada al Consejo, no solo durante 2020 sino a lo largo de todo su período de actividad, no puede considerarse suficiente para que este desempeñe sus funciones con eficacia, siendo necesario un incremento de la misma.
Excesivo peso del silencio administrativo en la resolución de las SAIP:
En el ámbito de la actividad del Consejo en relación con la tramitación de las reclamaciones en materia de derecho de acceso, se observa en 2020, al igual que en ejercicios anteriores, un elevado número de reclamaciones presentadas frente a SAIP resueltas por silencio administrativo, esto es, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido. En el conjunto de las 876 reclamaciones de ámbito estatal tramitadas, 404 –un 47,06 % del total– responden a resoluciones adoptadas por silencio. Y en el de las reclamaciones de ámbito territorial, la cifra es considerablemente mayor: en las 724 reclamaciones resueltas en 2020, 509 –un 70,30 % del total– se ha planteado frente a actos no formulados expresamente.
Sin perjuicio de que el desfase existente entre el número de actos producidos por silencio administrativo en el ámbito estatal y en el ámbito territorial obedezca a causas internas (la falta de recursos de las EELL de menor tamaño) el hecho es que el elevado volumen de SAIP desestimadas por falta de resolución en el plazo legalmente establecido (por otra parte, completamente legítima) dificulta el ejercicio del derecho de acceso en la medida en que, a la hora de presentar una reclamación ante el CTBG o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, él o la reclamante desconocen los motivos por los que se ha denegado su solicitud de acceso.
En este sentido, en uso de la competencia genérica de esta AAI de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se considera necesario poner de manifiesto esta situación a las Administraciones y organismos responsables de la gestión de las SAIP y recomendar la adopción de medidas conducentes a su superación.
Escaso peso de los motivos sustantivos en la denegación de las SAIP por parte de los órganos gestores:
En el análisis de los motivos aducidos por los ciudadanos y las ciudadanas en las reclamaciones, se observa igualmente que, tanto en el ámbito de la AGE y los organismos estatales como en el de las CCAA y las EELL sometidas a la acción revisora del CTBG, se da una excesiva preponderancia de los motivos formales frente a los materiales en la denegación de las SAIP.
En el ámbito estatal, después de las reclamaciones dirigidas contra actos producidos por silencio administrativo y contra las resoluciones que conceden parcialmente la información, son las basadas en la necesidad de una acción previa de reelaboración (el 4,34 % del total) y en el carácter abusivo o repetitivo de la SAIP (el 4,00 % del total) las que representan el tercer y cuarto grupo en importancia cuantitativa de las impugnaciones.
En paralelo, y en el ámbito territorial, el motivo aducido con mayor frecuencia en las reclamaciones es que la información solicitada no tiene propiamente la naturaleza de información pública –que se da en el 20,30 % de los casos– seguido por el relacionado con el carácter abusivo o repetitivo de la misma –que se da en el 3,73 %–.
En la medida en que estos datos constituyen un indicador de que la mayoría de las SAIP se están limitando o denegando por las unidades responsables de su tramitación por razones adjetivas, podría estarse, a juicio de este CTBG, en presencia de una tendencia a la resolución por vía formal de las solicitudes sin un estudio sustantivo del contenido del derecho y de la concurrencia o no de las limitaciones materiales del mismo, que podría suponer una interpretación extensiva de los requisitos formales y una restricción indebida del ejercicio del derecho de acceso a la información.
En este sentido, esta AAI, en uso de su competencia genérica de garantizar el ejercicio del derecho de acceso, se propone como objetivo a medio plazo realizar un estudio en profundidad de esta cuestión y de sus eventuales causas, y, a partir de las conclusiones obtenidas, realizar las recomendaciones necesarias para, en su caso, corregir esta situación.
Sistema de descriptores:
Finalmente, dentro del ámbito de la actividad de tramitación de esta AAI, es de destacar la necesidad a corto plazo de mejorar el sistema de descriptores utilizado hasta ahora para realizar un análisis eficaz de la temática de las reclamaciones tanto de ámbito estatal como territorial que se suscitan ante el Consejo. El peso excesivo de la categoría residual: «Varios/otros» frente al de las reclamaciones con temática diferenciada –un 15,53 % del total en las reclamaciones de ámbito estatal y un 17,68 % en las reclamaciones de ámbito territorial– aconseja reelaborar el modelo utilizado para formular nuevas categorías más ajustadas a la realidad de las reclamaciones.
Esta labor ha de ser abordada cuanto antes por el Consejo para posibilitar la realización de análisis y estudios rigurosos sobre los temas y materias que concitan el deseo de recibir información de ciudadanas y ciudadanos.
Madrid, junio de 2021.